El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, respondió a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y sostuvo que cuestionar resoluciones y actuaciones de jueces y fiscales no constituye una injerencia en sus funciones.
Sus declaraciones se produjeron luego de que Tello rechazara las afirmaciones de la presidenta Keiko Fujimori ante la ONU sobre los procesos judiciales contra militares y policías.
En ese contexto, Álvarez afirmó que el Ejecutivo respeta la separación de poderes, pero señaló que las autoridades y ciudadanos pueden formular críticas sobre decisiones judiciales. Según sostuvo, esta posibilidad está respaldada por la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana.
“Imagínense que a la mandataria o a mí nos obliguen a retractarnos de una crítica contra jueces legítima, establecida y respaldada por la Constitución (…). ¿Nos tenemos que retractar del hecho cierto, comprobable, de que hay decenas de militares que aún esperan después de largo tiempo una sentencia o resolución?”, afirmó Álvarez.
El ministro cuestionó, además, que se solicite una retractación por las declaraciones realizadas sobre procesos que, según indicó, permanecen pendientes durante varios años.
Ministro pide resolver causas pendientes
Como parte de su respuesta, Álvarez planteó que el Poder Judicial identifique y atienda las causas relacionadas con militares y policías que continúan sin una resolución definitiva.
Entre los casos que mencionó figuran la investigación contra el general Walter Chacón, el proceso de los comandos de Chavín de Huántar y el caso El Frontón. El ministro señaló que algunos de estos procesos llevan varios años o décadas sin una decisión definitiva.
La controversia comenzó después de que Fujimori señalara ante la Asamblea General de la ONU que militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo continúan siendo juzgados, pese a que, según su declaración, se habría demostrado que el debido proceso fue vulnerado.
Tello cuestionó esas afirmaciones y pidió respetar la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Álvarez respondió que criticar actuaciones judiciales no implica intervenir en las decisiones de los magistrados.
