El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad a nivel nacional, por un periodo de 60 días calendario. La medida fue oficializada este sábado mediante un Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano.emergencia en
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Los penales incluidos en la declaratoria son Trujillo Varones, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Challapalca. Según el Ejecutivo, estos establecimientos concentran aproximadamente al 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales.
La decisión busca priorizar la intervención del Estado en estos centros penitenciarios y reforzar las acciones de seguridad, vigilancia y control frente a la actividad de organizaciones delictivas.
¿Qué penales fueron declarados en emergencia?
La medida comprende a los siguientes establecimientos penitenciarios:
- Penal de Trujillo Varones.
- Penal de Cochamarca.
- Penal Miguel Castro Castro.
- Penal Ancón I.
- Penal de Challapalca.
De acuerdo con la norma, estos centros requieren atención estatal prioritaria debido a la cantidad de internos relacionados con organizaciones criminales que albergan.
Emergencia también comprende perímetros de los penales
La declaratoria de emergencia no se limita al interior de los establecimientos penitenciarios. También comprende el perímetro exterior ubicado alrededor de cada penal, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores.
Esta disposición busca fortalecer el control en las zonas colindantes y evitar que los alrededores de los establecimientos sean utilizados para actividades que puedan poner en riesgo la seguridad penitenciaria.
PNP y Fuerzas Armadas reforzarán seguridad
Durante el periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La PNP deberá ejecutar operativos permanentes destinados a garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios incluidos en la medida, así como la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad.
Estas acciones serán desarrolladas en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y control durante los 60 días que permanecerá vigente la declaratoria.


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