Más de 5 millones de peruanos todavía no cuentan con acceso a agua mediante una red pública, pese al incremento de la población atendida durante los últimos ocho años. Así lo revela un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), elaborado a partir de información de los Censos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Entre 2017 y 2025, el número de personas atendidas mediante redes públicas de agua pasó de 24.7 millones a 27.1 millones. Sin embargo, este crecimiento no logró acompañar el aumento de la población nacional, por lo que la cobertura cayó de 83.9% a 83.3%.
Cobertura de agua disminuye en las ciudades
El principal retroceso se observa en las zonas urbanas. De acuerdo con el IPE, la cobertura de agua por red pública en las ciudades pasó de 90.5% en 2017 a 88.7% en 2025.
En contraste, el ámbito rural registró una mejora durante el mismo periodo. La cobertura aumentó de 58.9% a 61.1%, aunque el nivel de acceso continúa siendo considerablemente inferior al registrado en las áreas urbanas.
El instituto atribuye parte de las dificultades para ampliar las redes al crecimiento desordenado de las ciudades. Según su análisis, en 2025 casi dos de cada tres viviendas urbanas eran informales, situación que incrementa la complejidad y el costo de llevar infraestructura de agua potable a nuevos sectores.
El problema resulta particularmente evidente en las zonas periurbanas de Lima Metropolitana y Callao, donde el costo de una conexión puede llegar a ser hasta 25 veces mayor.
Tener conexión no garantiza agua segura
La problemática del acceso al agua no termina con la instalación de una conexión domiciliaria. El IPE advierte que solo 41.7% de la población peruana tiene acceso a agua segura, mientras que en 13 regiones este indicador se encuentra por debajo del 20%.
Entre los casos más críticos figuran Loreto, con apenas 7.3% de su población con acceso a agua segura, y Amazonas, con 12.3%.
Estas cifras evidencian que el desafío para el país no consiste únicamente en ampliar las redes de distribución, sino también en garantizar que el agua que llega a los hogares cumpla condiciones adecuadas de calidad y seguridad.
Empresas de agua enfrentan problemas de sostenibilidad
El déficit también está relacionado con la situación de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. De las 50 empresas que operan en el país, 38 no facturan al menos el 30% del agua que producen, principalmente debido a pérdidas ocasionadas por fugas y conexiones clandestinas.
Asimismo, 20 empresas se encuentran bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) debido a problemas que afectan su sostenibilidad.
El IPE identificó además una situación financiera preocupante: 13 empresas registran costos operativos superiores a sus ingresos, lo que limita su capacidad para realizar labores de mantenimiento, mejorar sus sistemas y financiar nuevas inversiones en infraestructura.
IPE plantea medidas para cerrar la brecha de saneamiento
Ante este escenario, el Instituto Peruano de Economía considera que el cierre de las brechas de agua y saneamiento debe convertirse en una prioridad de cara a las elecciones subnacionales de octubre.
El panorama de ejecución presupuestal también genera preocupación. Al cierre de agosto de 2026, ocho gobiernos regionales habían ejecutado menos de la mitad de los recursos destinados a saneamiento urbano y rural.
Frente a ello, el IPE propone contener la expansión urbana informal, fortalecer la capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales y mejorar la gobernanza de las empresas prestadoras.
También plantea incrementar la participación privada como una alternativa para atraer capital, mejorar los incentivos y elevar la eficiencia en la prestación de los servicios de agua y saneamiento.
Piura enfrenta el reto de ampliar el acceso al agua
En Piura, la brecha de acceso al agua y saneamiento constituye un desafío especialmente relevante debido a la necesidad de ampliar y mejorar los servicios tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
El crecimiento urbano, la expansión de sectores periféricos y las necesidades de infraestructura en localidades rurales hacen necesario fortalecer las inversiones y la capacidad de gestión para garantizar un servicio adecuado.
El reto no solo pasa por incorporar a más familias a las redes públicas, sino también por asegurar la calidad del agua, reducir las pérdidas en los sistemas y mejorar la sostenibilidad de las empresas responsables de brindar el servicio.
Con millones de peruanos todavía fuera de las redes públicas y una cobertura nacional que prácticamente no ha avanzado frente al crecimiento poblacional, el acceso al agua potable y al saneamiento se perfila como uno de los principales desafíos para las próximas autoridades regionales y municipales.
