La lucha contra la minería ilegal en Piura requiere una intervención efectiva de las instituciones públicas, acciones para frenar la corrupción y mecanismos que faciliten la formalización de los pequeños productores mineros. Así lo sostuvo Gaby Yulisa Julca Cumbicus, exviceministra de Minas y exdirectora regional de Energía y Minas de Piura, durante una entrevista con Impulso Norte en el evento Perú Energía Norte 2026.
La especialista advirtió sobre los riesgos asociados a esta actividad en distritos como Suyo, Sapillica, Las Lomas y Tambogrande, además de distintas zonas de la sierra piurana. Frente a este escenario, consideró necesario fortalecer la presencia del Estado y diseñar medidas que respondan a las condiciones particulares de las comunidades dedicadas a la minería artesanal.
Proponen rastrear la comercialización de minerales
Entre las medidas planteadas por Julca figura una mayor coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para identificar a quienes compran y venden minerales, adquieren insumos químicos para procesarlos o comercializan explosivos destinados a las operaciones mineras.
Según explicó, acceder a esta información permitiría conocer mejor a los actores que intervienen en la cadena comercial y dirigir las labores de fiscalización hacia los puntos clave de la actividad.
La propuesta busca que las acciones de control no se concentren únicamente en las zonas de extracción, sino que también permitan examinar las operaciones vinculadas al procesamiento y la comercialización de los minerales.
Corrupción y coordinación institucional
Julca también señaló que combatir la minería ilegal exige enfrentar los posibles actos de corrupción que pueden facilitar su funcionamiento. En ese sentido, mencionó la necesidad de investigar y fiscalizar la actuación de funcionarios de distintas entidades, entre ellas la Policía, las Fuerzas Armadas, los gobiernos locales y regionales, y los organismos encargados del control.
Para la exfuncionaria, una respuesta eficaz requiere que las instituciones coordinen sus intervenciones y aseguren una presencia sostenida en los territorios afectados.
Formalización minera con enfoque territorial
La exviceministra remarcó que las medidas dirigidas a los pequeños mineros y mineros artesanales deben considerar las características de las comunidades que desarrollan estas actividades. Esto implica impulsar procesos de formalización que atiendan su realidad, sin dejar de lado la fiscalización de las operaciones ilegales.
En ese contexto, sostuvo que la intervención estatal debe combinar el control de la cadena de comercialización, la lucha contra la corrupción y el acompañamiento a quienes buscan incorporarse a la actividad formal.
El desafío para Piura, concluyó, es fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para actuar de manera coordinada y efectiva frente a la minería ilegal.
