El Gobierno de Keiko Fujimori presentó la propuesta de trasladar a internos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad, entre ellos quienes cumplen prisión por omisión de asistencia familiar, a hangares temporales acondicionados en instalaciones militares que se encuentran en desuso.
La medida busca reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de los internos de mayor peligrosidad.
Según información del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026, 2672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1962 con sentencia efectiva.
La propuesta contempla identificar espacios adecuados y habilitar instalaciones temporales que permitan albergar de manera segura a internos de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo estrictas medidas de seguridad y control.
